Por Factor Méndez Doninelli
Presentación: Internacionalmente prestigiado defensor de los Derechos Humanos, el maestro Factor Méndez Doninelli, es fundador del Centro de Investigación, Estudios y Promoción (CIEPRODH) de Guatemala. También destacado periodista y catedrático universitario, ha aceptado, en la medida de su tiempo, convertirse en colaborador de nuestra revista. Tribuna Comunista considera una verdadera distinción la participación del maestro Méndez Doninelli en nuestras páginas, le da la bienvenida y publica su primer artículo.
Guatemala, 30/08/2021. En Guatemala el Covid-19 está fuera de control por la irresponsabilidad e incapacidad del Gobierno que preside Alejandro Giammattei. Todos los días la pandemia arrebata nuevas vidas; desde que se decretó la emergencia sanitaria hace diecisiete meses, hay un acumulado que cierra agosto con más de 11,886 fallecidos.
Colapso del sistema de salud, unidades de cuidados intensivos rebasadas en su capacidad y elevado número de fallecidos después que se detectó la existencia de las variantes Delta, Alfa y Beta que siguen llenando de luto, duelo y dolor a miles de familias. En un proceso de vacunación tardía, lenta, progresiva y excluyente, hasta hoy sólo el 6,78 por ciento de la población ha sido protegida con dosis completa según la Universidad John Hopkins de Estados Unidos. El gobierno también adolece de un plan de comunicación masivo, que por todos los medios informe a la población sobre las vacunas, los lugares y horarios de vacunación, y en todos los idiomas Mayas, xinca y garífuna.
El Gobierno guatemalteco tuvo tiempo suficiente para planificar y combatir con eficacia y eficiencia esta mortal enfermedad, pero no lo hizo, tampoco se ocupó de fortalecer el frágil sistema de salud nacional, no se preocupó de reservar y negociar con tiempo la cantidad necesaria de vacunas para inmunizar a su población de más de 17 millones, ni de prepararse para enfrentar las olas de contagio que ocurren y castigan más a sectores sociales vulnerables como los pueblos indígenas, las mujeres, los campesinos, la niñez y adolescencia, la juventud, la diversidad sexual y los discapacitados.
Los hospitales nacionales funcionan en condiciones difíciles, desbordados en su capacidad tanto de camas como de espacio, con unidades de cuidados intensivos hasta el tope, con personal profesional y técnico insuficiente, con escasez de equipos e insumos, de medicamentos, camillas, oxígeno y aparatos para entubar pacientes. En esas condiciones, el Estado guatemalteco viola los derechos humanos sociales de la población a consecuencia del mal Gobierno, y los actos de corrupción, opacidad e impunidad que lo rodean.
En este país centroamericano los gobernantes tienen oídos de piedra, no escuchan las denuncias de los médicos, enfermeras y otros profesionales que atienden en estos hospitales, quienes emiten declaraciones, publican comunicados, convocan a conferencias de prensa, envían cartas abiertas a la Ministra de Salud, Amelia Flores, ponen a la vista la difícil situación que atraviesa el sistema de salud, suplican a la población para que no lleve pacientes a los hospitales por falta de espacio, hacen desesperados llamados de atención al Presidente Alejandro Gimmattei, para que asuma su responsabilidad ante la emergencia sanitaria que todos los días arrebata vidas de mujeres y hombres de todos los grupos etarios y étnicos sin distinción.
Los profesionales de la salud protestan por la crisis sanitaria en medio de otra crisis político estructural y coyuntural motivada por el pésimo manejo de la pandemia, la opacidad en la administración de los fondos públicos y presuntos actos de corrupción e impunidad, lo cual provocó la petición de renuncia del presidente Giammattei, de la Fiscal General Consuelo Porras, la depuración del Congreso Nacional, del Tribunal Supremo Electoral, las altas Cortes de justicia y la convocatoria a una Asamblea Plurinacional Constituyente.
La población sabe que el Gobierno no trabaja a favor del bien común y que, a pesar de la aprobación de miles de millones de quetzales para atender la emergencia sanitaria, el país atraviesa por crisis política y de salud sin precedente porque los gobernantes son rechazados y se debilita la gobernabilidad. Los últimos tres meses han sido de agitación y movilización social, bloqueo de carreteras, marchas pacíficas y llamado de las autoridades indígenas a un paro nacional. La gente exige un nuevo Pacto Social.
Guatemala, 30/08/2021. En Guatemala el Covid-19 está fuera de control por la irresponsabilidad e incapacidad del Gobierno que preside Alejandro Giammattei. Todos los días la pandemia arrebata nuevas vidas; desde que se decretó la emergencia sanitaria hace diecisiete meses, hay un acumulado que cierra agosto con más de 11,886 fallecidos.
Colapso del sistema de salud, unidades de cuidados intensivos rebasadas en su capacidad y elevado número de fallecidos después que se detectó la existencia de las variantes Delta, Alfa y Beta que siguen llenando de luto, duelo y dolor a miles de familias. En un proceso de vacunación tardía, lenta, progresiva y excluyente, hasta hoy sólo el 6,78 por ciento de la población ha sido protegida con dosis completa según la Universidad John Hopkins de Estados Unidos. El gobierno también adolece de un plan de comunicación masivo, que por todos los medios informe a la población sobre las vacunas, los lugares y horarios de vacunación, y en todos los idiomas Mayas, xinca y garífuna.
El Gobierno guatemalteco tuvo tiempo suficiente para planificar y combatir con eficacia y eficiencia esta mortal enfermedad, pero no lo hizo, tampoco se ocupó de fortalecer el frágil sistema de salud nacional, no se preocupó de reservar y negociar con tiempo la cantidad necesaria de vacunas para inmunizar a su población de más de 17 millones, ni de prepararse para enfrentar las olas de contagio que ocurren y castigan más a sectores sociales vulnerables como los pueblos indígenas, las mujeres, los campesinos, la niñez y adolescencia, la juventud, la diversidad sexual y los discapacitados.
Los hospitales nacionales funcionan en condiciones difíciles, desbordados en su capacidad tanto de camas como de espacio, con unidades de cuidados intensivos hasta el tope, con personal profesional y técnico insuficiente, con escasez de equipos e insumos, de medicamentos, camillas, oxígeno y aparatos para entubar pacientes. En esas condiciones, el Estado guatemalteco viola los derechos humanos sociales de la población a consecuencia del mal Gobierno, y los actos de corrupción, opacidad e impunidad que lo rodean.
En este país centroamericano los gobernantes tienen oídos de piedra, no escuchan las denuncias de los médicos, enfermeras y otros profesionales que atienden en estos hospitales, quienes emiten declaraciones, publican comunicados, convocan a conferencias de prensa, envían cartas abiertas a la Ministra de Salud, Amelia Flores, ponen a la vista la difícil situación que atraviesa el sistema de salud, suplican a la población para que no lleve pacientes a los hospitales por falta de espacio, hacen desesperados llamados de atención al Presidente Alejandro Gimmattei, para que asuma su responsabilidad ante la emergencia sanitaria que todos los días arrebata vidas de mujeres y hombres de todos los grupos etarios y étnicos sin distinción.
Los profesionales de la salud protestan por la crisis sanitaria en medio de otra crisis político estructural y coyuntural motivada por el pésimo manejo de la pandemia, la opacidad en la administración de los fondos públicos y presuntos actos de corrupción e impunidad, lo cual provocó la petición de renuncia del presidente Giammattei, de la Fiscal General Consuelo Porras, la depuración del Congreso Nacional, del Tribunal Supremo Electoral, las altas Cortes de justicia y la convocatoria a una Asamblea Plurinacional Constituyente.
La población sabe que el Gobierno no trabaja a favor del bien común y que, a pesar de la aprobación de miles de millones de quetzales para atender la emergencia sanitaria, el país atraviesa por crisis política y de salud sin precedente porque los gobernantes son rechazados y se debilita la gobernabilidad. Los últimos tres meses han sido de agitación y movilización social, bloqueo de carreteras, marchas pacíficas y llamado de las autoridades indígenas a un paro nacional. La gente exige un nuevo Pacto Social.
Este texto fue publicado originalmente en Tribuna Comunista 451
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Movimiento Comunista Mexicano 